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miércoles, 11 de enero de 2017

Salteando leyes

Tomaban el poder por la fuerza. Y, aunque sostenían que venían a resguardar el espíritu republicano de la Constitución Nacional, clausuraban el parlamento. 

Por eso, al regular las relaciones entre los distintos actores sociales, utilizaban decretos. Para que esos decretos no revelaran la ausencia de parlamento legislador, a sus decretos los llamaban decretos ley.

Así, los decretos ley eran la herramienta que las dictaduras civicomilitareclesiales argentinas usaban para gobernar como si respetasen la Constitución, el parlamento y las leyes.

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En sus primeros cien días, el actual gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri firmó 774 decretos, según un relevamiento realizado por La Vaca. Varios de esos decretos fueron de necesidad y urgencia. 

Tanto los decretos de necesidad y urgencia como los decretos ley, saltan la discusión legislativa y la sanción de leyes.
 
Ahora, Mauricio Macri pretende llevar a cabo la creación de dos ministerios, el de Finanzas y el de Hacienda, en reemplazo del ministerio de Economía, inconstitucionalmente. Sin modificar la ley de ministerios vigente. Quiere hacerlo mediante un decreto, cuando debiera hacerlo con una ley de ministerios. Quiere hacerlo mediante el decreto 2/2017 publicado en el boletín oficial el 2/1/17

Pero, tal como las dictaduras hacían con sus decretos, el gobierno de Mauricio Macri no presenta el suyo como un decreto. Lo presenta como una modificación de la ley de ministerios. Aunque es un decreto. Que para quedar firme deberá pasar por el Congreso antes de diez días de ser emitido.


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Sin una ley de ministerios que diga que un ministerio es tal y cuales son sus atribuciones, éste no puede funcionar como si lo fuera. Porque para hacer un ministerio o quitarlo del organigrama hace falta una ley. Que en el caso del cierre como tal del Ministerio de Economía y la creación de los de Hacienda y Finanzas no se hizo. 

Por ejemplo: para este 2017 el ministerio de economía tenía un presupuesto asignado. Que ahora (al no existir para el gobierno que pasa por alto la sanción de la ley de ministerios que haría falta) no tendrá más.

Y mientras no exista una ley de ministerios que determine que el de economía deja de existir y el de hacienda y el de finanzas ocupan su lugar, las partidas presupuestarias asignadas al ministerio de economía en el presupuesto 2017, no se pueden destinar a ningún otra repartición sin un fundamento que avale porque se quita a una repartición y se otorga a otra. Menos aún a dos reparticiones inexistentes desde lo legal. 

Supongamos que la partida del ministerio de economía asignada en el presupuesto nacional 2017 se la dividen entre sus reemplazantes, según el decreto 2/2017 los ministerios de hacienda y finanzas ¿Qué parte de la partida le debiera tocar a cada uno? 

Porque si ninguno de los dos ministerios tienen entidad porque no hay una ley que los haya creado ¿a cuento de qué reciben la partida que fuera? 

El gobierno de Mauricio Macri dice que no hizo la ley, que constitucionalmente debería, por falta de tiempo.


Pero ¿qué es lo que le impediría seguir gobernando, como desde su llegada al gobierno nacional el 10 de diciembre de 2015, con un ministerio de economía hasta tanto el Congreso nacional sancione una ley de ministerios que lo elimine del organigrama y cree para reemplazarlos Hacienda, Finanzas o cualquier otro que considere que haga falta para reemplazarlo?

Finalmente, si algo más hiciera falta agregar a la irregular creación de los ministerios que reemplazarán al hasta ahora ministerio de economía, a este decreto 2/2017 con el que pretende sustituir la ley de ministerios correspondiente, lo firma un presidente que estaba de vacaciones. Es claro que si el presidente que firma el decreto está de vacaciones no está en funciones. Y si no lo está ¿cómo es que firma un decreto como si estuviera? Se supone que otra persona se ocupa de la presidencia cuando el presidente electo no está ¿Quién estaba a cargo de la presidencia? Y ¿por qué no firma esa persona el decreto 2/2017?


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A la alianza conservadora cambiemos no le interesa construir consensos políticos ni dar discusiones parlamentarias. Por eso reemplazan la discusión de leyes  por decretos.

Si pudieran acceder al gobierno sin necesidad de ser votados serían enteramente felices.

Como cuando los poderes reales imponían dictaduras civicomilitareclesiales para que aplicaran las políticas de gobierno de las hegemonías oligárquicas.





domingo, 4 de diciembre de 2016

Indicadores informales

Vicentin es la sexta empresa agroexportadora de la Argentina.

En el diario La Nación del 24/11/16 se publica un aviso donde Vicentin informa que pone a la venta valores de deuda fiduciaria por 20 millones de dólares. Hicieron pública la venta el 22/11/16 y tienen fecha de emisión y liquidación el 30/11/16. Están apurados. Parece.

A fines de junio de 2016 Vicentin le compró a Sancor el 90% de su unidad de yogures, flanes y postres en 100 millones de dólares. Sancor venía de declarar pérdidas por 1.527 millones de pesos.

1.527 millones de pesos son -a una cotización promedio de 15 a 1- 100 millones de dólares. O sea que Vicentin le compró a Sancor su deuda a cambio de la unidad de productos más caros de la lechera.

En la competencia por la compra a Sancor de unidades de producción y negocio a cambio de su deuda, Vicentin compitió -y ganó- contra la Coca Cola. O sea.


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Una noticia aparecida en Rosario/12 el 5/6/16 y firmada por Ana Fiol daba cuenta de que "las fiscalías federales de Santa Fe y Reconquista investigan los secuestros y torturas ocurridos en 1976 de 22 obreros de uno de los mayores emporios del país, y la probable complicidad de los dueños con la represión ilegal".

En el segundo párrafo de ese texto, Ana Fiol escribe: "En Avellaneda 'los Vicentín son los dueños del pueblo' dicen bajito los habitantes de esta ciudad fundada por italianos en el norte profundo de Santa Fe, donde operaba La Forestal. Se llama 'Roberto Vicentín' la escuela secundaria, y 'Máximo Vicentín' el cine-teatro. Alberto Padoan, casado con una Vicentín, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, es el dueño del único canal de TV de Reconquista-Avellaneda. La ciudad es modesta y muy limpia, y está jalonada de mansiones que pertenecen a esta familia que empezó con un almacén de ramos generales en 1929 y hoy es la sexta agroexportadora del país. Tres generaciones de la familia Vicentín se enriquecieron con la creación de un oligopolio que incluye la Algodonera Avellaneda, el frigorífico Friar, un feedlot en un predio de 450 hectáreas, tres plantas industriales en Ricardone y San Lorenzo, puerto propio, una hilandería en Brasil, elaboración de algodón que comercializa Química Estrella y la producción propia de agrotóxicos, alimento balanceado y biodiesel".

Esta Vicentin es la empresa que a mediados de 2016 compró la parte más rentable de Sancor.

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Esa misma Vicentin que allá por fines de junio de 2016 compró en cien millones la parte premium de productos de Sancor,  cinco meses después, a fines de noviembre, cuando todavía no se cumplió un año desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina, puso a la venta valores de deuda fiduciaria por 20 millones de dólares.

Los números han sido siempre utilizados por las oligarquías nacionales y los medios hegemónicos como justificadores de las diferentes políticas que ellos aplican sobre los pueblos, políticas que -sin excepción- perjudican a las mayorías populares.

Así, por ejemplo, un determinado número de inflación es utilizado para validar una política recesiva. Un número de gasto público sirve para justificar una situación de ajuste presupuestario o un recorte de subsidios o una política de retiros voluntarios.


Muchas veces se muestra un número desde una perspectiva favorable para esconder una discusión sobre un cambio de políticas. Un buen número de superávit comercial, puede servir para esconder una distribución injusta del ingreso.

Cuando la sexta empresa agroexportadora de la Argentina pone a la venta deuda fiduciaria por un quinto del valor de una compra hecha cinco meses antes no hay dibujo financiero que pueda esconder la caída.

No sé cómo te explico.

Vos ve.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Molinetes electrónicos y proyectos de país



Allí donde el campo nacional, popular y democrático ve un trabajador, la derecha hegemónica ve un empleado.

Donde el campo popular ve inversión, la derecha hegemónica ve generación de déficit.

Frente a un avance tecnológico, el campo nacional, popular y democrático ve un espacio de mejora en la vida de los trabajadores y amplía derechos. La derecha hegemónica ve puestos de trabajo ociosos y genera despidos.

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Esta semana entraron en funcionamiento los molinetes electrónicos en el ramal del tren Roca.

Antes del 10 de diciembre de 2015 esos mismos molinetes eran pensados como una mejora en la vida de los trabajadores. Porque en el marco de un proyecto de ampliación de la red ferroviaria, los molinetes significaban laburantes que iban a viajar mejor y más rápido. Y, a su vez, los laburantes del tren iban a seguir teniendo trabajo porque esos molinetes iban a significar trabajadores ferroviarios en más lugares. Los molinetes electrónicos iban a permitir que los trabajadores que dejaban de participar en la generación y el control de pasajes pudiesen participar de la expansión ferroviaria en otros lugares hasta entonces no suficientemente desarrollados.

Después del 10 de diciembre de 2015, en el marco de un plan de reducción y achicamiento del sistema ferroviario, esos mismos molinetes son el cobro policíaco del pasaje a los laburantes que sufrieron una devaluación del valor de compra de su salario de alrededor del 50% y padecieron una inflación de ¿cuánto? más del 40% en los precios de su canasta básica.

Significan un aumento de hecho del pasaje de tren para todos aquellos que no puedan pasar su tarjeta SUBE en el molinete de salida al finalizar su viaje. Porque ahora, para ingresar al andén el pasajero debe apoyar su tarjeta en el molinete y éste le descuenta el total del viaje más caro del recorrido realizado por el ramal en cuestión. Y al finalizar el viaje, solo apoyando nuevamente la SUBE en el molinete de salida, le será devuelto el valor que no utilizó y se le cobrará solo el importe estipulado para recorrido efectivamente realizado.

Los molinetes electrónicos en manos de la derecha hegemónica significarán el despido de los trabajadores ferroviarios que se ocupaban de picar boleto en las estaciones.

El ministro de transporte de la nación reconoció días atrás que dejarán de correr los servicios de trenes de larga distancia. Y la electrificación del ramal Constitución-La Plata no tiene fecha cierta de finalización de la obra (que estaba pautada para marzo pasado, con los fondos para pagar la obra incluidos) y de momento solo llega hasta Berazategui.

Los molinetes electrónicos, desde la mirada de la derecha hegemónica, implican despidos entre los guardas en los trenes: ¿Cuál sería el sentido de un guarda para controlar un pasaje electrónico y que además pagó su tarifa máxima con el ingreso a la estación de partida?

Los molinetes electrónicos también significan despidos entre los trabajadores ferroviarios encargados de las boleterías: Si el boleto es cobrado por el molinete y puede ser cargado fuera de la estación en, pongamos, un rapipago, un pago fácil, o un comercio cualquiera que cuente con el software necesario para cargar la SUBE ¿Qué sentido tiene pagar el sueldo de los boleteros en las estaciones?

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Cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner implementó la SUBE, la tarjeta fue pensada como un elemento de auditoría de subsidios al transporte. Antes de la SUBE las empresas de transporte recibían subsidios en función de una declaración jurada. La SUBE permitió entonces controlar que los subsidios efectivamente correspondieran con servicios de transporte realmente prestados.

La SUBE también fue pensada como una tarjeta multiplicadora de recursos: regulaba el precio que los trabajadores pagaban para ser transportados por el servicio público, pagaba subsidios a empresas, permitía que los trabajadores tuvieran más dinero de bolsillo para movilizar el consumo y para aportar a la seguridad social. Inclusive a finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llegó a funcionar como tarjeta de descuentos en comercios adheridos al programa Ahora 12 y en grandes cadenas de supermercados.

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Para la derecha hegemónica la SUBE funciona como una tarjeta de débito. Está pensada exclusivamente como una tarjeta que reemplaza el dinero en papel. Si tiene carga se puede usar. Si no, no.

En ese sentido, quién recibe el dinero con el que se acredita la carga de la SUBE pasa a ser secundario. Así, para la derecha hegemónica no tiene sentido hacerse cargo del sueldo de un boletero si puede tercerizar el cobro de la carga de la SUBE en un local como podrían ser por ejemplo los de Rapipago, Pago Fácil o cualquier despacho de carga que cuente con el software necesario.

Pero cuando el Estado se ocupa del cobrar por la carga de la tarjeta, el dinero queda en manos del Estado en ese mismo momento. En cambio, cuando los encargados de cobrar por la carga son empresas privadas, el Estado ya no recibe automáticamente el dinero del cobro de la carga de manera instantánea.

Western Union, dueña de Pago Fácil, es una empresa que se ocupa primordialmente del transporte de dinero entre países. El Citibank, dueño de Rapipago, es un banco históricamente dedicado a la fuga de capitales.
 
Cuando la SUBE se cargue mayoritariamente en los rapipago y los pago fácil, y western union y el citibank capitalicen el cobro de los pasajes de tren de hecho, ¿el Estado, manejado por la derecha oligárquica, tendrá interés en reclamarles que rindan esos cobros?

El Estado pagará el costo del mantenimiento y puesta en funcionamiento de la red ferroviaria y los privados capitalizarán el cobro de un servicio sin brindarlo. ¿Western union y el citbank dejarán ese efectivo en el país o lo fugaran?

Pasamos de un Estado locomotora del crecimiento y el consumo en manos de un movimiento nacional, popular y demócrático, a un Estado en manos de la derecha hegemónica que nos deja en la vía.

miércoles, 31 de agosto de 2016

La coerción

Por Mónica Peralta Ramos *

Un sismo político sacude a la civilización occidental y expresa el malestar social en un presente dominado por el control del capital monopólico sobre todos los ámbitos de la vida social. Oleadas de convulsiones políticas desnudan la crisis de legitimidad institucional. Desde la elección presidencial en los Estados Unidos hasta la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, un populismo de distintos signos ideológicos agrieta a las instituciones republicanas en el primer mundo reclamando autonomía nacional, representación política y bienestar económico. Al mismo tiempo, “golpes blandos” jaquean al populismo en América Latina e imponen los intereses de los más poderosos. Esta conjunción de fenómenos no es casual. El capital monopólico se expande por el mundo generando estancamiento de la producción global, destrucción del medio ambiente y creciente desigualdad social. Las instituciones de la democracia liberal no pueden digerir esta destrucción y obstruyen la participación y representación popular. El bloqueo del “gobierno del pueblo y para el pueblo” desnuda la creciente desintegración de la gobernabilidad democrática. En este contexto, un orden social nuevo emerge y se globaliza. Formas de organización subterráneas, de tipo mafioso y en abierta contradicción con las normas y valores de la democracia se ramifican dentro de las instituciones existentes, las vacían de sentido y cooptan su cáscara. Constituyen un entramado que desde las sombras, cultivando la coerción y la corrupción, busca el control absoluto del poder y del dinero. Esta metamorfosis de lo “viejo” se suma a la generación de nuevos espacios institucionales de índole privada desde donde se cooptan funciones esenciales a los estados soberanos. Por una u otra vía, esta nueva institucionalidad busca el control monopólico de las decisiones que se toman a nivel global, tanto en el ámbito económico, y político como en el cultural.

Rastros de la existencia de este entramado institucional aparecen, en mayor o menor grado, tanto en el primer mundo como en la periferia. Desde tiempo atrás, la Argentina muestra las huellas de la nueva institucionalidad. La caída del terrorismo de Estado inauguró un periodo democrático caracterizado por una enorme fragilidad institucional. A pesar de la política de derechos humanos, del enjuiciamiento del terrorismo de Estado y de otros importantes cambios ocurridos en democracia, una trama de relaciones mafiosas y clandestinas impregna a las instituciones del país. Hundiendo sus raíces en el riñón del poder económico concentrado y escondiendo su cabeza en el tenebroso mundo de la “inteligencia,” este entramado mafioso ocupa hoy el primer plano del escenario político.

La alianza “Cambiemos” llegó al gobierno a través de elecciones e inició su mandato convirtiendo a las promesas de la campaña electoral en su antitesis. Detrás de las masivas transferencias de ingresos que sus políticas producen, emerge un objetivo estratégico: “salir del populismo” a través de cambios estructurales destinados a “maniatar” al Estado y producir una gobernabilidad sin inclusión social. La rapidez y profundidad de los cambios en los precios relativos, la apertura indiscriminada de importaciones, la desocupación masiva, la perdida del poder adquisitivo de la población y el endeudamiento externo buscan imponer la preeminencia de las rentas de todo tipo en una economía crecientemente primarizada. En estas circunstancias, no bastan las leyes y decretos. El elemento central será la coerción, en sus distintas formas: desde el disciplinamiento social a través del miedo a la desocupación y al hambre hasta los intentos de moldear la agenda política del día con operaciones mediático-judiciales que, al mismo tiempo que pretenden identificar al populismo con corrupción, buscan “naturalizar” al entramado de complicidades mafiosas que corroe al sistema institucional argentino.

Para imponer el reverso de las políticas prometidas, el gobierno utiliza a los medios concentrados como punta de lanza de un dispositivo que, incluyéndolos, los trasciende. Usando una aceitada red de relaciones subterráneas que conecta a los servicios de inteligencia con miembros del Poder Judicial, legisladores, funcionarios, periodistas, dirigentes políticos, empresarios etc. Los medios implantan en la opinión pública información cuya veracidad nunca es puesta en duda. Con un formato que apela al entretenimiento por el horror, estos medios mimetizan la política del gobierno anterior con ilícitos de todo tipo ocultando al mismo tiempo los ilícitos actuales. Más allá de la verdad de los hechos denunciados, las operaciones mediático/judiciales no solo buscan “embarrar la cancha” engañando y ocultando los objetivos de la política oficial sino que naturalizan la existencia de esta red mafiosa y las “operaciones” que produce. Con un mensaje único y una divulgación mediática monolítica, masiva y reiterada, los medios crean una realidad que se independiza de la trama mafiosa que la origina. Por arte de magia, toda la política del gobierno anterior se identifica con la corrupción y la red de complicidades que producen las operaciones mediático-judiciales se naturaliza.

Esta manipulación institucional no agota los intentos de imponer los cambios deseados. Para ello el gobierno también incursiona por otros caminos, siendo uno de ellos la inclusión del país en un orden institucional global y extraterritorial que, pretendiendo consagrar el libre comercio internacional, impone el dominio del capital monopólico sobre la producción y sobre funciones esenciales a los Estados soberanos. De ahí que la “apertura al mundo” que propone Macri (Página/12 17.5 2016; 16. 6. 2016) se complemente con la incorporación del país a la Alianza para el Pacifico, antesala inevitable a la inclusión en uno de los tres mega tratados de comercio internacional impulsados por los Estados Unidos: el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica o TPP. Este último es el norte silencioso de la política de Macri.

En efecto, el TPP profundiza cambios estructurales de enorme trascendencia en lo que hace a la integración productiva y la soberanía nacional. Por un lado busca privatizar a las empresas públicas y sacar del ámbito del Poder Judicial la atribución de dirimir eventuales conflictos con las corporaciones multinacionales. Para ello propugna el desarrollo de tribunales de arbitraje de índole privada y extraterritorial, conformados por abogados de empresas multinacionales. Exento de todo tipo de control social, este arbitraje privado no se atiene a precedentes legales y sustituye funciones básicas del Estado en diversas áreas de la vida social: desde la economía, la salud y la educación hasta el medio ambiente. Por otra parte, el TPP impone el derecho de las corporaciones multinacionales a compensación económica por la eventual frustración de “expectativas de futuras ganancias” y profundiza el control que estas corporaciones tienen actualmente sobre la división internacional del trabajo. Basada en cadenas globales de valor (CGV) controladas en puntos estratégicos por un reducido numero de empresas multinacionales, esta división del trabajo integra el proceso productivo a nivel global y lo desintegra a nivel local generando así un contexto donde las decisiones de inversión y producción a nivel local dependen de la racionalidad del complejo empresario multinacional. Esto bloquea la capacidad que el Estado tiene de articular una política productiva acorde con los recursos de su territorio y las necesidades de su población. Estas CGV han tenido un impacto negativo sobre la industrialización de los países, sean estos del primer mundo o de la periferia. Así por ejemplo, en los Estados Unidos han producido una creciente des- industrialización acompañada por la decadencia de ciudades anteriormente pujantes, la precarización del trabajo y el empobrecimiento de vastos segmentos de la población. El impacto de la crisis brasilera sobre nuestra producción industrial es sólo un ejemplo de las consecuencias negativas de las CGV en la periferia.

El momento que vivimos no surgió de la nada. Las políticas aplicadas por este gobierno no son casuales ni producto de la ineficiencia. Más allá de esto último, estas políticas se enraízan en un proyecto mundial de expansión económica y gobernabilidad social. También se explican por lo que ha ocurrido en nuestro pasado más reciente. De ahí la importancia de analizar no solo el contexto global sino también los éxitos y los fracasos de la década pasada, incluyendo el rol del Estado, la política industrial y la inclusión social resultante. Solo conociendo de donde venimos podremos saber hacia donde vamos. Solo con conciencia de nuestras limitaciones podremos encontrar un camino que, superándolas, conduzca a una integración nacional con inclusión social sustentable.


* Socióloga. Texto aparecido en el diario Página/12 del 31/8/16 bajo el título “De las operaciones mediático/judiciales al TPP”

sábado, 20 de agosto de 2016

Independencia económica




Argentina inició procesos de endeudamiento en 1826 y 1956.



El proceso de endeudamiento iniciado por la dictadura cívico militar eclesial de 1955 continuó desde entonces y mostró sus picos más altos en 1976, 1989, 2001.

Todos estos procesos de endeudamiento fueron fraudulentos. Ninguno de esos gobiernos tomó deuda pensando en pagarla. Ni los acreedores prestaron pensando en cobrarla.



El 10 de diciembre de 2015 comenzó un nuevo capítulo de esa serie.



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No existe país en el mundo que no asuma la existencia del Estado como conductor del aparato burocrático que vehiculiza la construcción colectiva.



Más grandes, más pequeños. De izquierda, de centro o de derecha. Ningún país gestiona sin Estado.



Los Estados se sostienen de alguna de estas formas:



Mediante el cobro de impuestos.



Mediante la generación de activos a través de expropiaciones.



Mediante deuda  pública.



Desde los comienzos de Argentina como país, las clasesdominantes utilizaron la estructura del Estado para llevar a cabo las políticas que hacían a las políticas del proyecto de país de esas mismas clases dominantes.



Por eso la oligarquía y la burguesía no tenían ningún problema en tributar impuestos al Estado. Con ese dinero el Estado se ocupaba de satisfacer los intereses hegemónicos. El Estado se encargaba de hacerles sus caminos, sus puertos, generarles su energía, representarles sus intereses en el extranjero a través de la cancillería y el resto de infraestructura que la oligarquia necesitaba para acrecentar sus riquezas.



La aparición del peronismo quiebra ese predominio hegemónico.



El peronismo  redistribuye y amplia   derechos. Suma a los trabajadores a la discusión de proyectos de país.



Es entonces cuando las clases dominantes comienzan a desfinanciar al Estado y a utilizar la deuda pública como méto sus ido permanente de sostenimiento del Estado Nacional. No estaban dispuestos a pagar con sus dineros un proyecto nacional ajeno a sus intereses.



Es por eso que dos premisas desvelan a los poderes hegemónicos desde 1945:








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Argentina saldó el proceso de endeudamiento  iniciado en 1826 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón en 1947. Y pagó el iniciado en 1956 durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en 2005/2010.



El peronismo suma a los trabajadores a la discusión de proyectos de país. Soluciona los problemas de deuda que genera la derecha oligárquica para poder redistribuir y ampliar  derechos.



Solo dos golpes militares a lo largo de toda la historia argentina son recordados por el nombre que ellos mismos se pusieron: En 1955 la libertadora y en 1976 el proceso de reorganización nacional. Ambos tomaron el poder para sacar del gobierno al Peronismo, la única construcción política que canceló las deudas externas que impedían el crecimiento autónomo del país. Así se proclamaban: "libertadora" y "reorganizadora" en oposición al proyecto político del peronismo como gobierno.



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Los procesos de endeudamiento externo son utilizado como herramientas de dominación y dependencia. Producen un achicamiento del PBI útil, mientras los participantes a cargo de las gestiones de endeudamiento cobran comisiones por el pago de intereses que genera la deuda y al mismo tiempo fugan capitales.



Los procesos de endeudamiento iniciados en Argentina en 1826 y 1956 siguieron esos lineamientos.



Y el iniciado el 10 de diciembre de 2015 también.