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lunes, 30 de enero de 2017

Fútbol para Menos

Cuando se discute sobre la finalización del contrato del Fútbol para Todos y la búsqueda de una nueva forma de emisión de los partidos del fútbol argentino, lo que se está discutiendo es el desempoderamiento de los trabajadores iniciado el 10 de diciembre de 2015.

La discusión real no es sobre nuevas formas de transmisión. Ni sobre adelantos tecnológicos. Ni sobre derechos de emisión. Ni sobre el precio del fútbol. Ni sobre la pauta de programación. Ni sobre la venta al exterior de los partidos del fútbol argentino.

La discusión real es sobre las formas del desempoderamiento de los trabajadores y de los clubes de las distintas divisiones de todo el fútbol argentino.

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Al Estado no le conviene deshacerse de la herramienta de comunicación que significa Fútbol para Todos.

El Estado tiene en el Fútbol para Todos una herramienta multiplicadora de recursos sin precedentes. La pauta publicitaria. 

Tan solo regirando la pauta televisiva del Estado y ubicándola en la tanda del entretiempo de los partidos de Fútbol Para Todos, se multiplican las partidas presupuestarias: con un mismo dinero se anuncia por televisión y se subvenciona la vida de los clubes de fútbol ligados a la AFA.

¿Por qué se correría del contrato sobre los derechos de transmisión?
 
A los clubes no les conviene que el Estado se retire como pagador del contrato por la televisación del fútbol.

Cuando el Estado es el encargado del pago de los derechos de la televisación de los torneos de la AFA, los clubes se garantizan el cobro de sus derechos. 

No hay forma de que el Estado no pague: es él mismo quien tiene a su cargo la emisión de moneda argentina.

¿Por qué los clubes correrían al Estado del contrato sobre los derechos de transmisión?
 
Ni los dueños de los canales deportivos ni a los dueños de los canales de aire les conviene convertir a las transmisiones de partidos de fútbol de AFA un espectáculo pago por cable.

Se puede comprobar fácilmente con solo realizar el siguiente ejercicio que lo confirma: 


Elija el lector un partido cualquier de una Copa del verano en Mar del Plata, Salta o Miami de enero de 2017

A todos los televisó Fox, una de las empresas interesadas en hacerse cargo de los derechos de televisación de lo que fueran las transmisiones de Fútbol para Todos hasta el año pasado.

Según las mediciones de Sifema, que mide el cable por rango horario, ningun de esos partidos superó los tres puntos de rating.

Y esos tres puntos fueron obtenidos con un público que accedió al cable. No cuesta imaginar que si los televidentes debieran agregar un costo extra (pay per view) al pago de la cuota por el uso del cable, los puntos de rating serían menos aún.

En un sistema pago de televisión, el cobro del derecho televisivo por parte de los clubes va de la mano del cobro del servicio a sus abonados por parte de los canales que compran el derecho de emisión. Dicho de otro modo: para que los clubes que venden los derechos de transmisión cobren, primero es necesario que el comprador de los derechos les cobre a los televidentes que van a ver los partidos.

Cualquier pauta publicitaria se valoriza en la medida en que sucede alguna de estas dos cosas: O crecen los niveles de audiencia; o crece el nivel del poder adquisitivo del televidente. Ninguna de esas dos cosas suceden actualmente en la televisión, ni en la abierta ni por cable.


La efectividad de la pauta debe estar en relación con el nivel de consumo del televidente. En el marco de una economía en recesión desde hace más de un año eso no aparece como una apuesta interesante, rentable ni efectiva.



¿Cómo se explica que el Estado participe de las gestiones por la compra de los derechos que está interesado en abandonar
Es como si un inquilino que rescinde el contrato de alquiler   de una propiedad participara de una reunión para elegir al nuevo inquilino. Y, además, lo hiciera como condición para abonar los alquileres impagos.

Finalmente: no es verdad que se busque un torneo de menos equipos para hacerlo más vendible en el país y en el exterior. 

Lo que quieren hacer es un torneo de menos equipos para que cobren un porcentaje mayor los que partipen.

Desmantelan el Fútbol para Todos porque quieren menos trabajadores ejerciendo el derecho al esparcimiento. Y menos clubes con posibilidades de inclusión.

Eso es el nuevoviejo proyecto de televisación privada de partidos de la AFA. 

Menos televisión inclusiva. Fútbol para Menos.

viernes, 27 de enero de 2017

El pacto político, judicial y mediático

Señor Juez Federal:


Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, con domicilio en Mascarello 441, Río Gallegos,  Provincia de Santa Cruz , con el patrocinio letrado de la Dra. Romina de los Ángeles Mercado (T º 58 Fº 33) constituyendo domicilio en Avenida Presidente Néstor Carlos Kirchner 496 de esta ciudad y constituyendo domicilio electrónico en 27243364138: a V.S. me presento y digo:


I. Objeto
 
1) Que, en los términos de los arts. 174 y sgtes. del CPPN, vengo a formular denuncia con motivo de los hechos que serán descriptos en el capítulo siguiente, los cuales prima facie encuentran recepción típica en los arts. 153, 248 Y 261 del Código Penal. Ello sin perjuicio de las demás calificaciones legales que deban aplicarse con motivo de la investigación cuya apertura se requiere. 

2)  En virtud de que me encuentro particularmente damnificada por los delitos denunciados, requiero que se me asigne el rol de parte querellante de conformidad con lo que establecen los arts. 82 y sgtes del ordenamiento de rito. 
 

II. Los Hechos

a. Antecedentes. 


A partir del día 10 de diciembre del año 2015, fecha en la cual, como es de dominio publico, finalicé mi mandato como Presidenta de la Nación, vengo siendo objeto de una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes en la historia democrática de nuestro país. 

Por un lado, se me han formulado una serie de falsas denuncias por supuestos graves delitos que los medios de comunicación hegemónicos reproducen y amplifican en forma diaria. 

Por el otro, desde el Poder Ejecutivo Nacional, se llevan a cabo maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando, a través de las fuerzas de seguridad y el Ministerio que las conduce, información reservada de tales actuaciones judiciales. Tal circunstancia dio lugar a que formulara la correspondiente denuncia penal, sin que hasta el presente lamentablemente tal investigación haya obtenido resultado alguno (Expte. Nº 9895/16 del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría Nº 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Finalmente y de manera subrepticia, también vengo siendo víctima de maniobras de seguimiento que se practican sobre todos los movimientos que realizo, ya sea en el ámbito de esta provincia así como también cuando debo trasladarme a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

No es ningún secreto que ciertos sectores de los servicios de inteligencia que desplacé de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se mantienen activos y no puedo descartar su vinculación con las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), todo ello bajo el amparo de la Presidencia de la Nación. Como es de dominio público, con claros ribetes de escandalo institucional, su actual titular Gustavo Arribas es un hombre de la más íntima confianza del primer mandatario. 

Vale la pena recordar que el Ing. Mauricio Macri estuvo procesado por el delito de asociación ilícita perpetrado cuando encabezó el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello con motivo de la conformación de una estructura de inteligencia paralela dedicada a las escuchas ilegales (causa Nº 12.466/2009 del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Sólo tras el cambio de Gobierno y merced a la existencia del pacto político, judicial y mediático al que antes hiciera referencia, el Ing. Macri terminó siendo sobreseído por la justicia federal, insisto, al día siguiente de que asumiera la Presidencia de la Nación, pese a que quedo plenamente acreditado la existencia del sistema de escuchas ilegales en el ámbito del gobierno de la ciudad de Bueno Aires.     
 
b. La denuncia.


1. En los últimos días ha sido intensamente difundida y publicada, en distintos medios periodísticos, una conversación telefónica entre el Dr. Oscar Parrilli y la suscripta. 

Concretamente el pasado día lunes , en el programa que conduce Luis Majul, tales conversaciones fueron ampliamente difundidas. Acompaño al presente una copia digital de la parte pertinente del audio en cuestión.

Tales conversaciones, según publican los medios en cuestión, habrían sido obtenidas a partir de una supuesta intervención telefónica ordenada en el marco de una causa penal en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se investigaría algún tipo de participación del Dr. Oscar Parrilli en una presunta maniobra de encubrimiento respecto de Esteban Pérez Corradi. 

Me permito en este punto formular una digresión: el Dr. Oscar Parrilli ex titular de la AFI estaría siendo investigado de acuerdo a lo manifestado por el Juez interviniente en la causa, por que el mismo habría(seguimos siempre en el potencial de los “investigadores”) evitado detener durante el desarrollo de la ultima campaña presidencial y ello en razón, por que según publicas declaraciones de importantes funcionarios y funcionarias de este gobierno y dirigentes de la alianza cambiemos, el señor Pérez Corradi acusado entre otras cosas del triple crimen en la causa de la efedrina iba a involucrar a funcionarios de la administración del anterior gobierno. Hete que que el señor fue detenido el 16 de Junio del 2016 y la conversación divulgada fue grabada casi un mes después de dicho hecho. Es mas, cuando la jueza interviniente en el caso le tomo declaración a los únicos funcionarios que menciono fue a la jueza federal Arroyo Salgado y al ex senador de la UCR Ernesto Sanz, a la primera por haberle pedido supuestamente una coima de medio millón de dólares, para evitar encarcelarlo y al segundo de doscientos mil dólares para cambiar su voto en el consejo de la magistratura. 

No se conoce ninguna causa judicial iniciada al respecto y mucho menos que se halla ordenado alguna escucha sobre los denunciados por Pérez Corradi. Lo que si se supo es que la jueza le dicto la falta de merito por su presunta intervención en el triple crimen. Como vera V.S. se trata de una digresión “ma non tropo”, lo reseñado realmente ocurrió y nos exime de hablar en potencial como es costumbre permanente en medios hegemónicos articulados milimétricamente con vastos sectores del poder judicial.

2. Sentado cuanto precede y más allá del carácter provisional que tienen los hechos relatados, resulta indudable que estamos en presencia de un grave hecho delictivo perpetrado en mi contra y que se inscribe en la campaña referida en el punto anterior.
En efecto, en primer lugar nada tengo que ver con la causa penal en la cual se habrían ordenado las escuchas telefónicas antes referidas. 

En segundo término, también resulta claro que la conversación grabada y difundida masivamente tampoco guarda relación alguna con el objeto de tales actuaciones.

En tercer término, cabe destacar que las actuaciones labradas en el marco de una causa judicial tienen carácter reservado (art. 204, CPPN); mucho más aún si se refiere a conversaciones telefónicas realizadas con quien, como es mi caso, no tiene vinculación alguna con la causa penal.

En definitiva, resulta más que evidente que nos encontramos frente a una maniobra de claro carácter criminal, la cual   –como se dijo- pone al descubierto de manera aún más fidedigna del componente mafioso que vincula a sectores del poder político, con algunos estamentos de la justicia federal, todo ello con la participación, articulacion y protección de los medios hegemónicos de comunicación.

3. A primera vista el hecho denunciado encuentra recepción típica en el art. 153, primero, tercero y último párrafo, del Código Penal. 

Al respecto debe ponderarse que esta figura es relativamente novedosa en el ordenamiento de fondo puesto que su incorporación data de junio de 2008, a raíz de la sanción de la Ley 26.388, estableciéndose la punición de quien interceptare o captare comunicaciones telefónicas, siempre y cuando sean “indebidas”.

Corresponde aclarar aquí que una intervención telefónica debe considerarse indebida, en los términos de la norma prevista en el art. 153 del Código Penal, cuando resulta a todas luces injusta o ilícita. 

Esta claro aquí que las intervenciones telefónicas supuestamente ordenadas en el marco de la causa en la que se investiga a Esteban Pérez Corradi nada tienen que ver con la conversación divulgada y, por ende, pone en evidencia el grado de ilegitimidad tanto en el registro de la misma como en su divulgación.
    
Por otro lado, la intervención de funcionarios públicos en abuso de sus funciones requiere considerar en la especie no sólo la figura de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (art. 248, CP) sino también la ilegítima utilización por parte de aquéllos de recursos estatales con fines que nada tienen que ver su misión (art. 261, CP).

4. Resulta insoslayable señalar que a esta altura de los acontecimientos nadie se hace cargo de la escandalosa e ilegal divulgación. Ni la Corte Suprema de Justicia de La Nación, quien por acordada 2/2016 crearon, organizaron y fijaron las funciones de la Dirección de Captación de Comunicaciones de Poder Judicial de La Nación y designaron a los funcionarios responsables de la misma.

Ni tampoco el juez interviniente de la causa que organizo las escuchas, ni el fiscal interviniente en la misma y posterior denunciante sobre el contenido de dichas escuchas.

Y lo que es peor aun: la AFI a la que según el juez se le remitieron las escuchas, también dice que no tuvo nada que ver en la divulgación de las mismas.

Un verdadero escandalo institucional sin entrar, en este momento procesal, en mayores análisis de las violaciones a leyes y derechos personales que se han cometido y que oportunamente se deberán investigar y castigar a quien o quienes resulten responsables.

5. Si bien el hecho descrito parece tener su epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a esta altura inicial de la investigación no puede descartarse que la maniobra que se debe investigar tiene ramificaciones en distintas jurisdicciones, en particular en la provincia de Santa Cruz en la cual tengo mi domicilio real y desarrollo mis actividades habituales.

Además, la divulgación de la supuesta conversación fue llevada a cabo a través de medios periodísticos de alcance nacional.

Por tales razones, corresponde que la apertura de la pesquisa se lleve a cabo en esta jurisdicción, sin perjuicio de que las ulteriores diligencias sumariales puedan imponer una modificación de tal temperamento. 

En otras palabras, posponer esta investigación a partir de discusiones procesales sobre los criterios de competencia territorial aplicables en la especie, conspiraría gravemente contra los principios de celeridad y recta administración de justicia. Mucho más aún si, como en el caso, se trata de conductas atribuibles a funcionarios públicos que ejercen importantísimas funciones y que, por lo visto, han sido malversadas ingresando así en el catálogo de delitos calificados como “corrupción” según los instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país.



III. Prueba
 
A efectos de acreditar los hechos descriptos, solicito que se practiquen las siguientes diligencias:

a. Se me cite a ratificar esta presentación a primera audiencia.

b. Se incorpore la prueba documental que será acompañada en la oportunidad indicada en el punto precedente.

c. Se practiquen todas las diligencias sumariales que conduzcan al más rápido esclarecimiento del hecho y la sanción de sus autores, cómplices y encubridores.


IV. Petitorio
 
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1. Se tenga por presentada esta denuncia y por constituido el domicilio indicado. 

2. Se me confiera el rol de parte querellante.

3. Se practiquen las diligencias sumariales indicadas y todas aquéllas que conduzcan al esclarecimiento del hecho. 

4. Se cite a prestar declaración indagatoria a las personas que resultan responsables y se dicte a su respecto los autos de mérito correspondientes, debiéndose elevar oportunamente las actuaciones a la instancia oral. 


Proveer de conformidad,


SERÁ JUSTICIA.

miércoles, 11 de enero de 2017

Salteando leyes

Tomaban el poder por la fuerza. Y, aunque sostenían que venían a resguardar el espíritu republicano de la Constitución Nacional, clausuraban el parlamento. 

Por eso, al regular las relaciones entre los distintos actores sociales, utilizaban decretos. Para que esos decretos no revelaran la ausencia de parlamento legislador, a sus decretos los llamaban decretos ley.

Así, los decretos ley eran la herramienta que las dictaduras civicomilitareclesiales argentinas usaban para gobernar como si respetasen la Constitución, el parlamento y las leyes.

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En sus primeros cien días, el actual gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri firmó 774 decretos, según un relevamiento realizado por La Vaca. Varios de esos decretos fueron de necesidad y urgencia. 

Tanto los decretos de necesidad y urgencia como los decretos ley, saltan la discusión legislativa y la sanción de leyes.
 
Ahora, Mauricio Macri pretende llevar a cabo la creación de dos ministerios, el de Finanzas y el de Hacienda, en reemplazo del ministerio de Economía, inconstitucionalmente. Sin modificar la ley de ministerios vigente. Quiere hacerlo mediante un decreto, cuando debiera hacerlo con una ley de ministerios. Quiere hacerlo mediante el decreto 2/2017 publicado en el boletín oficial el 2/1/17

Pero, tal como las dictaduras hacían con sus decretos, el gobierno de Mauricio Macri no presenta el suyo como un decreto. Lo presenta como una modificación de la ley de ministerios. Aunque es un decreto. Que para quedar firme deberá pasar por el Congreso antes de diez días de ser emitido.


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Sin una ley de ministerios que diga que un ministerio es tal y cuales son sus atribuciones, éste no puede funcionar como si lo fuera. Porque para hacer un ministerio o quitarlo del organigrama hace falta una ley. Que en el caso del cierre como tal del Ministerio de Economía y la creación de los de Hacienda y Finanzas no se hizo. 

Por ejemplo: para este 2017 el ministerio de economía tenía un presupuesto asignado. Que ahora (al no existir para el gobierno que pasa por alto la sanción de la ley de ministerios que haría falta) no tendrá más.

Y mientras no exista una ley de ministerios que determine que el de economía deja de existir y el de hacienda y el de finanzas ocupan su lugar, las partidas presupuestarias asignadas al ministerio de economía en el presupuesto 2017, no se pueden destinar a ningún otra repartición sin un fundamento que avale porque se quita a una repartición y se otorga a otra. Menos aún a dos reparticiones inexistentes desde lo legal. 

Supongamos que la partida del ministerio de economía asignada en el presupuesto nacional 2017 se la dividen entre sus reemplazantes, según el decreto 2/2017 los ministerios de hacienda y finanzas ¿Qué parte de la partida le debiera tocar a cada uno? 

Porque si ninguno de los dos ministerios tienen entidad porque no hay una ley que los haya creado ¿a cuento de qué reciben la partida que fuera? 

El gobierno de Mauricio Macri dice que no hizo la ley, que constitucionalmente debería, por falta de tiempo.


Pero ¿qué es lo que le impediría seguir gobernando, como desde su llegada al gobierno nacional el 10 de diciembre de 2015, con un ministerio de economía hasta tanto el Congreso nacional sancione una ley de ministerios que lo elimine del organigrama y cree para reemplazarlos Hacienda, Finanzas o cualquier otro que considere que haga falta para reemplazarlo?

Finalmente, si algo más hiciera falta agregar a la irregular creación de los ministerios que reemplazarán al hasta ahora ministerio de economía, a este decreto 2/2017 con el que pretende sustituir la ley de ministerios correspondiente, lo firma un presidente que estaba de vacaciones. Es claro que si el presidente que firma el decreto está de vacaciones no está en funciones. Y si no lo está ¿cómo es que firma un decreto como si estuviera? Se supone que otra persona se ocupa de la presidencia cuando el presidente electo no está ¿Quién estaba a cargo de la presidencia? Y ¿por qué no firma esa persona el decreto 2/2017?


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A la alianza conservadora cambiemos no le interesa construir consensos políticos ni dar discusiones parlamentarias. Por eso reemplazan la discusión de leyes  por decretos.

Si pudieran acceder al gobierno sin necesidad de ser votados serían enteramente felices.

Como cuando los poderes reales imponían dictaduras civicomilitareclesiales para que aplicaran las políticas de gobierno de las hegemonías oligárquicas.





martes, 3 de enero de 2017

Punto de vista



Foto y texto de Salvador Batalla

La fotografía “Punto de Vista” fue víctima de la censura facebookera. Censura de raigambre retrógrada y conservadora que anula la posibilidad del decir con libertad para generar otras conciencias. 

Esta imagen es parte de los ensayos de fotoperformance que venimos realizando con Silvia Citro, del Equipo de Antropología del Cuerpo de la UBA, indagando en los mitos, discursos y miradas sociales sobre los géneros. En este caso “un punto de vista otro” que intenta deconstruir desde el humor grotesco la tradicional mirada acotada y falocéntrica.

domingo, 4 de diciembre de 2016

Indicadores informales

Vicentin es la sexta empresa agroexportadora de la Argentina.

En el diario La Nación del 24/11/16 se publica un aviso donde Vicentin informa que pone a la venta valores de deuda fiduciaria por 20 millones de dólares. Hicieron pública la venta el 22/11/16 y tienen fecha de emisión y liquidación el 30/11/16. Están apurados. Parece.

A fines de junio de 2016 Vicentin le compró a Sancor el 90% de su unidad de yogures, flanes y postres en 100 millones de dólares. Sancor venía de declarar pérdidas por 1.527 millones de pesos.

1.527 millones de pesos son -a una cotización promedio de 15 a 1- 100 millones de dólares. O sea que Vicentin le compró a Sancor su deuda a cambio de la unidad de productos más caros de la lechera.

En la competencia por la compra a Sancor de unidades de producción y negocio a cambio de su deuda, Vicentin compitió -y ganó- contra la Coca Cola. O sea.


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Una noticia aparecida en Rosario/12 el 5/6/16 y firmada por Ana Fiol daba cuenta de que "las fiscalías federales de Santa Fe y Reconquista investigan los secuestros y torturas ocurridos en 1976 de 22 obreros de uno de los mayores emporios del país, y la probable complicidad de los dueños con la represión ilegal".

En el segundo párrafo de ese texto, Ana Fiol escribe: "En Avellaneda 'los Vicentín son los dueños del pueblo' dicen bajito los habitantes de esta ciudad fundada por italianos en el norte profundo de Santa Fe, donde operaba La Forestal. Se llama 'Roberto Vicentín' la escuela secundaria, y 'Máximo Vicentín' el cine-teatro. Alberto Padoan, casado con una Vicentín, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, es el dueño del único canal de TV de Reconquista-Avellaneda. La ciudad es modesta y muy limpia, y está jalonada de mansiones que pertenecen a esta familia que empezó con un almacén de ramos generales en 1929 y hoy es la sexta agroexportadora del país. Tres generaciones de la familia Vicentín se enriquecieron con la creación de un oligopolio que incluye la Algodonera Avellaneda, el frigorífico Friar, un feedlot en un predio de 450 hectáreas, tres plantas industriales en Ricardone y San Lorenzo, puerto propio, una hilandería en Brasil, elaboración de algodón que comercializa Química Estrella y la producción propia de agrotóxicos, alimento balanceado y biodiesel".

Esta Vicentin es la empresa que a mediados de 2016 compró la parte más rentable de Sancor.

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Esa misma Vicentin que allá por fines de junio de 2016 compró en cien millones la parte premium de productos de Sancor,  cinco meses después, a fines de noviembre, cuando todavía no se cumplió un año desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina, puso a la venta valores de deuda fiduciaria por 20 millones de dólares.

Los números han sido siempre utilizados por las oligarquías nacionales y los medios hegemónicos como justificadores de las diferentes políticas que ellos aplican sobre los pueblos, políticas que -sin excepción- perjudican a las mayorías populares.

Así, por ejemplo, un determinado número de inflación es utilizado para validar una política recesiva. Un número de gasto público sirve para justificar una situación de ajuste presupuestario o un recorte de subsidios o una política de retiros voluntarios.


Muchas veces se muestra un número desde una perspectiva favorable para esconder una discusión sobre un cambio de políticas. Un buen número de superávit comercial, puede servir para esconder una distribución injusta del ingreso.

Cuando la sexta empresa agroexportadora de la Argentina pone a la venta deuda fiduciaria por un quinto del valor de una compra hecha cinco meses antes no hay dibujo financiero que pueda esconder la caída.

No sé cómo te explico.

Vos ve.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Molinetes electrónicos y proyectos de país



Allí donde el campo nacional, popular y democrático ve un trabajador, la derecha hegemónica ve un empleado.

Donde el campo popular ve inversión, la derecha hegemónica ve generación de déficit.

Frente a un avance tecnológico, el campo nacional, popular y democrático ve un espacio de mejora en la vida de los trabajadores y amplía derechos. La derecha hegemónica ve puestos de trabajo ociosos y genera despidos.

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Esta semana entraron en funcionamiento los molinetes electrónicos en el ramal del tren Roca.

Antes del 10 de diciembre de 2015 esos mismos molinetes eran pensados como una mejora en la vida de los trabajadores. Porque en el marco de un proyecto de ampliación de la red ferroviaria, los molinetes significaban laburantes que iban a viajar mejor y más rápido. Y, a su vez, los laburantes del tren iban a seguir teniendo trabajo porque esos molinetes iban a significar trabajadores ferroviarios en más lugares. Los molinetes electrónicos iban a permitir que los trabajadores que dejaban de participar en la generación y el control de pasajes pudiesen participar de la expansión ferroviaria en otros lugares hasta entonces no suficientemente desarrollados.

Después del 10 de diciembre de 2015, en el marco de un plan de reducción y achicamiento del sistema ferroviario, esos mismos molinetes son el cobro policíaco del pasaje a los laburantes que sufrieron una devaluación del valor de compra de su salario de alrededor del 50% y padecieron una inflación de ¿cuánto? más del 40% en los precios de su canasta básica.

Significan un aumento de hecho del pasaje de tren para todos aquellos que no puedan pasar su tarjeta SUBE en el molinete de salida al finalizar su viaje. Porque ahora, para ingresar al andén el pasajero debe apoyar su tarjeta en el molinete y éste le descuenta el total del viaje más caro del recorrido realizado por el ramal en cuestión. Y al finalizar el viaje, solo apoyando nuevamente la SUBE en el molinete de salida, le será devuelto el valor que no utilizó y se le cobrará solo el importe estipulado para recorrido efectivamente realizado.

Los molinetes electrónicos en manos de la derecha hegemónica significarán el despido de los trabajadores ferroviarios que se ocupaban de picar boleto en las estaciones.

El ministro de transporte de la nación reconoció días atrás que dejarán de correr los servicios de trenes de larga distancia. Y la electrificación del ramal Constitución-La Plata no tiene fecha cierta de finalización de la obra (que estaba pautada para marzo pasado, con los fondos para pagar la obra incluidos) y de momento solo llega hasta Berazategui.

Los molinetes electrónicos, desde la mirada de la derecha hegemónica, implican despidos entre los guardas en los trenes: ¿Cuál sería el sentido de un guarda para controlar un pasaje electrónico y que además pagó su tarifa máxima con el ingreso a la estación de partida?

Los molinetes electrónicos también significan despidos entre los trabajadores ferroviarios encargados de las boleterías: Si el boleto es cobrado por el molinete y puede ser cargado fuera de la estación en, pongamos, un rapipago, un pago fácil, o un comercio cualquiera que cuente con el software necesario para cargar la SUBE ¿Qué sentido tiene pagar el sueldo de los boleteros en las estaciones?

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Cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner implementó la SUBE, la tarjeta fue pensada como un elemento de auditoría de subsidios al transporte. Antes de la SUBE las empresas de transporte recibían subsidios en función de una declaración jurada. La SUBE permitió entonces controlar que los subsidios efectivamente correspondieran con servicios de transporte realmente prestados.

La SUBE también fue pensada como una tarjeta multiplicadora de recursos: regulaba el precio que los trabajadores pagaban para ser transportados por el servicio público, pagaba subsidios a empresas, permitía que los trabajadores tuvieran más dinero de bolsillo para movilizar el consumo y para aportar a la seguridad social. Inclusive a finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llegó a funcionar como tarjeta de descuentos en comercios adheridos al programa Ahora 12 y en grandes cadenas de supermercados.

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Para la derecha hegemónica la SUBE funciona como una tarjeta de débito. Está pensada exclusivamente como una tarjeta que reemplaza el dinero en papel. Si tiene carga se puede usar. Si no, no.

En ese sentido, quién recibe el dinero con el que se acredita la carga de la SUBE pasa a ser secundario. Así, para la derecha hegemónica no tiene sentido hacerse cargo del sueldo de un boletero si puede tercerizar el cobro de la carga de la SUBE en un local como podrían ser por ejemplo los de Rapipago, Pago Fácil o cualquier despacho de carga que cuente con el software necesario.

Pero cuando el Estado se ocupa del cobrar por la carga de la tarjeta, el dinero queda en manos del Estado en ese mismo momento. En cambio, cuando los encargados de cobrar por la carga son empresas privadas, el Estado ya no recibe automáticamente el dinero del cobro de la carga de manera instantánea.

Western Union, dueña de Pago Fácil, es una empresa que se ocupa primordialmente del transporte de dinero entre países. El Citibank, dueño de Rapipago, es un banco históricamente dedicado a la fuga de capitales.
 
Cuando la SUBE se cargue mayoritariamente en los rapipago y los pago fácil, y western union y el citibank capitalicen el cobro de los pasajes de tren de hecho, ¿el Estado, manejado por la derecha oligárquica, tendrá interés en reclamarles que rindan esos cobros?

El Estado pagará el costo del mantenimiento y puesta en funcionamiento de la red ferroviaria y los privados capitalizarán el cobro de un servicio sin brindarlo. ¿Western union y el citbank dejarán ese efectivo en el país o lo fugaran?

Pasamos de un Estado locomotora del crecimiento y el consumo en manos de un movimiento nacional, popular y demócrático, a un Estado en manos de la derecha hegemónica que nos deja en la vía.